El Gobierno del PP ha desarrollado dos reformas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desde 1996, y ya ha anunciado su intención de aplicar una tercera. Aunque inicialmente fueran muy cuestionadas, incluso desde Bruselas, los hechos han demostrado que los recursos que esos cambios aportaron al bolsillo de los ciudadanos han contribuido de forma clara al impulso de la economía. Las familias han podido disponer de más dinero, lo que ha repercutido en la demanda interna, que, a su vez, ha fomentado la actividad. También han ayudado a una vieja aspiración: aumentar el peso de los impuestos directos, que gravan más a quien más gana, frente a los indirectos, que afectan a todo el mundo por igual.
No obstante, el sistema tributario sigue adoleciendo de viejos males, como pone de manifiesto que las rentas del trabajo, las más controlables, contribuyan más al conjunto de la recaudación que las del capital y de las actividades profesionales y empresariales, más difíciles de supervisar.
En la última Memoria Tributaria del Ministerio de Hacienda la renta media declarada por empresarios y profesionales es inferior en un 36% a la media de los trabajadores.
