XDxejando a un lado símbolos e identidades, sobre lo que es tan difícil discutir racionalmente, se pueden hacer previsiones sobre el ámbito y el contenido del "diálogo multilateral entre naciones y regiones", en palabras del lehendakari vasco, iniciado con la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas. Esta primera reunión es el comienzo de un nuevo periodo constituyente, según el presidente catalán, quien ha anunciado que la reforma en curso del Estatuto de Cataluña será sometida a diálogo en esta conferencia.
La inmensa mayoría de las fuerzas políticas catalanas son partidarias de la reforma urgente del estatuto de autonomía, donde no se sienten a gusto, puesto que no les permite plena libertad para que las instituciones catalanas puedan elegir y aplicar sus propias políticas en casi todas las materias relevantes: justicia, hacienda, educación, sanidad o infraestructuras, si bien, por el momento, no se manifiestan públicamente sobre la Seguridad Social. También se quejan de falta de representación propia ante la UE o en los foros internacionales donde participa España, en defensa de los intereses catalanes, aunque la selección de Cataluña ya juega en las competiciones internacionales de hockey sobre patines, precedente muy valorado por la clase política catalana. Las quejas y desconfianzas también apuntan al Tribunal Constitucional, cuya actuación se considera sesgada en favor del poder central, cuando se producen conflictos de competencias. Por último, comparten mayoritariamente la opinión de que las comunidades autónomas ricas, la propia Cataluña, financian excesivamente a las comunidades pobres, pongamos por caso Extremadura, sin despejar la duda de que les parezca un sacrificio injusto.
En la reforma del Estatuto catalán se discute la oportunidad de que no aparezca la palabra autodeterminación, lo que favorecería su condición de modelo a seguir, para otras naciones o regiones, y serviría de límite al Plan Ibarretxe. Esta reforma busca su apoyo en un bloque de constitucionalidad formado por la Constitución española de 1978 y por los Estatutos de autonomía, los cuales, aunque proceden de la Constitución, ya habrían conseguido su propia autonomía, valga la redundancia, y detentarían el mismo rango constitucional. Los propios estatutos y su reforma serían el principal soporte del nuevo proceso constituyente.
Así, principios constitucionales, de la Constitución de 1978, como el de solidaridad entre los españoles, que exige al Estado garantizar la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, o del interés general de España, que actúa como criterio de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, habrían sido superados por el desarrollo de los estatutos o lo serán por las próximas reformas para fundar un nuevo bloque de constitucionalidad .
Ante las intenciones declaradas y los hechos consumados, una comunidad autónoma como Extremadura, que es simplemente región, ni siquiera nacionalidad, y, que se sepa, nadie ha pensado que pueda ser nación, debería recibir garantías a priori, antes de dar el siguiente paso, de que las interpretaciones o aplicaciones de los principios de solidaridad y de interés general a la luz de un nuevo bloque de constitucionalidad no van a producir asimetrías que, aunque contabilicen beneficios para las naciones, puedan perjudicar los derechos y las libertades públicas de los españoles de las regiones.
*Economista
