Esta vez no se va a cumplir con la máxima de Ignacio de Loyola de que en tiempo de tribulación no debe hacerse mudanza. En el caso de las cajas de ahorros, que constituyen uno de los pilares básicos del sistema financiero español, dos hechos circunstanciales han venido a distorsionar en los últimos tiempos el que debía ser un proceso sereno y transparente. En primer lugar, la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha a instancias del Banco de España, tras una constatación fehaciente de su mala contabilidad y de que su gestión no ha cumplido con los exigibles parámetros de eficacia y de salvaguarda de los intereses de la entidad y, en segundo lugar, la pugna política --con no pocos golpes bajos dentro del mismo PP-- en la Caja de Madrid, la cuarta entidad financiera de nuestro país. Ambos asuntos están enviando a la sociedad española una señal errónea y que debe disiparse cuanto antes. Porque no hay ninguna constancia de que las cajas de ahorro estén sumidas en peores dificultades que el conjunto del sistema financiero occidental, ni es la única solución posible la privatización o la integración entre cajas de distintas autonomías para rebajar el peso de los políticos locales.

Hay que recuperar el núcleo del problema. La semana pasada se difundió un dato preocupante: la morosidad de los créditos concedidos por las cajas ha remontado hasta el 4,85%. Ello obliga a reforzar el capital de las cajas, una operación compleja en comparación con la emisión de acciones de los bancos. La solución propuesta casi siempre es la de emisión de cuotas participativas --que podrían comprar bancos o las cajas más saneadas--. Esos títulos no dan derecho a participar en la gestión de la entidad. Hay propuestas (Banco de España) para cambiar la ley y que quien compre esas emisiones pueda estar presente en los órganos rectores de las cajas. Se opone parte de la patronal de las cajas y los sindicatos porque ven en ello un solapado proceso de privatización.

Pero el sector necesita reforzar su solvencia y propone que sea el Gobierno el que cree un fondo que sirviera de aval para que las cajas que lo necesiten puedan emitir títulos. Que ese fondo sea para todos sin discriminación (manguerazo) o solo para quienes realmente lo necesiten, y sin generar ventajas competitivas, debe resolverse cuanto antes, pues lo que más daña a todo el sector es la indefinición de esta situación.

Gobierno, Banco de España y grupos parlamentarios han de solventar cuanto antes qué modelo hay que seguir. Pero sería un error no contar, en primer lugar, con los órganos rectores de las cajas. No merecen que se haga una reforma contra la voluntad de sus asambleas, que hasta ahora han provocado pocos quebraderos de cabeza si se compara con otros sectores.