Los obispos españoles han conseguido que la enseñanza de la religión católica se imparta en la educación obligatoria interpretada por ellos mismos, impartida por los enseñantes que elijan y con una finalidad abiertamente de adoctrinamiento. Y que, además, la alternativa a la clase de Religión confesional sólo pueda ser otra clase de religión, aunque aconfesional. La catequesis vuelve a imponerse en las aulas públicas cuando debería quedar reservada a las familias y los centros de culto, y aún más en la nueva y compleja pluralidad religiosa con la que empezamos a convivir. Mientras, el debate se resuelve de manera muy distinta en Francia, donde se opta por la laicidad como cuarto principio republicano, junto a la igualdad, la fraternidad y la libertad.
La Constitución española de 1978 no es laica: obliga a los poderes públicos a colaborar con las confesiones religiosas. Pero no establece un trato de favor especial hacia la Iglesia católica. Si este equilibrio, la no confesionalidad , se rompe hasta poner el Estado al servicio del Episcopado, no debe extrañar que crezca la demanda de fijar unas nuevas reglas de juego basadas en la laicidad, revisando si es necesario los acuerdos con la Iglesia e, incluso, el pacto constitucional.
