Vivimos unos tiempos de enorme complejidad. La situación económica que atravesamos, lastrada principalmente por la terrible gestión de los 7 años de Gobierno Zapatero , nos hace estar sometidos al anuncio de una medida tras otra en busca de algo que aplaque la insostenible presión de los mercados al tiempo que se sigue trabajando para reducir el déficit. En el caso del sector energético, tras años de desidia, el actual Gobierno ha heredado un déficit tarifario de 24.000 millones de euros, una situación que somos conscientes de que es necesario abordar. De hecho, somos los primeros en admitir que las primas recibidas por determinados sectores se han convertido en una fuente de especulación.
El anterior Ejecutivo ya dio un 'hachazo' al sector fotovoltaico a través del Real Decreto Ley 14/2010, un ejemplo de lo que no se debe hacer en política. Porque esa norma cambiaba las reglas a mitad de juego con efecto retroactivo y perjudicaba a Extremadura al establecer un límite anual a las horas con derecho a prima. El actual Gobierno de Extremadura recurrió aquella norma al Constitucional.
En enero de este mismo año Industria daba luz verde a otro Real Decreto Ley que venía a suspender temporalmente la asignación de nuevas primas a todos los proyectos de energías renovables. Y otra vez el Gobierno de Extremadura dejó clara su postura en defensa del sector, su rechazo a las formas y al fondo de la normativa y su intención de recurrirla también ante el Constitucional.
Estas dos normas sumieron al sector en una inseguridad jurídica y empresarial e hicieron caer las expectativas de un sector que estaba llamado a ser un gran motor de la economía extremeña. Tanto como que se calcula que en el horizonte 2015 los proyectos previstos en Extremadura iban a invertir 5.000 millones de euros y a crear más de 14.000 empleos.
Las expectativas de futuro de Extremadura se centraban especialmente en dos subsectores con gran potencial, como son el fotovoltaico -que está en disposición de producir sin primas a determinada escala- y la biomasa -que crea mucho empleo directo en ámbitos rurales y puede prevenir los incendios forestales-. Así se lo transmitimos al ministro, José Manuel Soria , en una reunión el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago , y yo mismo.
En ese encuentro el ministro nos transmitió que la apuesta debía ser la de proyectos que no precisasen de primas para ser rentables, y en ese nuevo escenario buscamos nuevas soluciones que pasaban por la biomasa y los grandes proyectos fotovoltaicos. Y también por la necesidad de que se regule el "autoconsumo de energía eléctrica mediante balance neto", entendiéndola como la mejor medida de ahorro y eficiencia energética.
Los avances que estamos alcanzando en los tres frentes son destacables, y especialmente en el ámbito fotovoltaico, donde hemos logrado atraer hasta la fecha tres grandes plantas avaladas por empresas dispuestas a invertir en Extremadura casi 1.500 millones de euros y a generar más de 6.500 puestos de trabajo.
Pero es en este marco cuando surge la noticia de que el Gobierno central estudia aprobar un nuevo esquema de fiscalidad energética. Un esquema que, entre otras cosas, incluiría una carga impositiva del 4% de la facturación para la producción en régimen ordinario y del 19% sobre la fotovoltaica en régimen especial. Algo que iría directamente contra la línea de flotación de esos tres grandes proyectos fotovoltaico y también afectaría a la rentabilidad de las plantas fotovoltaicas ya operativas. Y a esto tenemos que sumar la modificación normativa estatal que pretende que la llamada 'ecotasa', el impuesto autonómico que grava el impacto medioambiental de la producción y transporte de energía, sea pagado por los extremeños en lugar de por las empresas. Un impuesto que pretende establecer una mínima compensación por el impacto que generan grandes infraestructuras energéticas que exportan a otras regiones el 95% de su producción sin dejar en la comunidad fondos vía impuestos.
El Gobierno de Extremadura tiene claro que las energías renovables no son solo una oportunidad, sino una obligación para nuestro futuro, un tren que no podemos perder. Por todo eso Extremadura quiere decir NO.
Porque no es razonable ni coherente hacer que el déficit de tarifa recaiga sobre los proyectos que van a mercado. Porque no es razonable ni coherente tomar decisiones que afectan a las comunidades sin consultarlas. Porque no parece razonable ni coherente frenar un sector capaz de generar riqueza y empleo en tiempos de crisis. Porque no parece razonable ni coherente que un impuesto a las empresas eléctricas lo paguen los extremeños. Porque creemos que hay otras opciones para atajar el déficit tarifario sin lastrar el futuro de Extremadura.
Desde Extremadura pedimos al Gobierno central que recapacite, que consulte con las comunidades antes de tomar cualquier decisión que afecte a su futuro y que reconsidere la idea de imponer nuevas cargas al sector energético.
Porque es nuestra obligación. Porque es nuestro futuro.
