La polémica acerca del fracasado concierto que el cantante Joaquín Sabina iba a celebrar en Mérida el 17 de mayo del 2006 tuvo ayer el peor de los estrambotes. La sección de Mérida de la Audiencia Provincial de Badajoz condenó al promotor del concierto, Agustín Tarazona, a dos años de prisión por estafa, pero a devolver el precio de las entradas --costaba 25 euros cada una-- a las escasas 70 personas que denunciaron el asunto en a comisaría o en el juzgado. Las más de 5.000 personas que habían comprado la entrada, muchas de las cuales firmaron su reclamación en la Oficina Municipal del Consumidor, se quedarán sin reparación.
Cabe recordar que, por aquellos días, el Ayuntamiento de Mérida hizo llamamientos a los que se habían quedado compuestos y sin concierto a que se dirigieran a sus oficinas para hacer la reclamación. Después se ha sabido que el Ayuntamiento no se personó en la causa y que, por tanto, ni estaban representados ni podían aspirar a que se les devolviera el dinero. La sentencia de ayer no deja lugar a dudas en este sentido. El resultado es que si Tarazona recaudó más de 130.000 euros, lo que tendrá que devolver no llega a 2.000: un negocio redondo, del que hay que hacer responsable, no al tribunal que lo ha juzgado, por mucho que la sentencia, dictada por conformidad, rebajase de 6 a 2 años la pena de prisión, sino a los responsables políticos que no cumplieron sus compromisos, particularmente a la exconcejal responsable de Festejos de entonces, Begoña Saussol, quien ha dicho que actuó "mal aconsejada". Escasa explicación de por qué dejó en la estacada a miles de personas.
