El Gobierno ha garantizado finalmente que su propuesta de ampliar hasta 40 años las penas efectivas de prisión a los terroristas respetará el principio constitucional de la reinserción. La posibilidad de que fuese imprescindible que los etarras se convirtiesen en delatores para acceder a los beneficios penitenciarios difícilmente encajaba con la letra de la Constitución, y convertía el arrepentimiento en un acto casi suicida. Además de que, al bloquear la ruptura de los presos etarras con la disciplina de la banda, se renunciaba a un arma eficaz en la lucha contra la base social de ETA.

La fórmula que ha permitido el principio de acuerdo de los partidos firmantes del Pacto por la Justicia supera esos obstáculos. Es defendible que un terrorista, como se propone ahora, sólo salga a la calle si cumple uno o varios de estos requisitos: arrepentirse de sus delitos, resarcir a las víctimas, colaborar con la justicia o pedir públicamente el fin de la violencia. Quizá pueda dudarse de la efectividad de la medida. Pero los buenos resultados de la política de no contemporizar con la banda y sus colaboradores pone sobre la mesa la conveniencia de intimidar al entorno de ETA desde el Estado de derecho.