WSw i algo quedó claro en el debate de ayer en el Congreso de los Diputados sobre el conflicto de los controladores aéreos es que todos los gobiernos, con independencia de su color político, son responsables de la posición de privilegio de que ha venido gozando este colectivo de no más de 2.000 personas en España y que, a la postre, esa responsabilidad por falta de coraje para enfrentarse a la situación facilitaba el chantaje a que sometían a las autoridades. Rodríguez Zapatero también reconoció al final de la sesión la responsabilidad de su Gobierno, aunque antes había defendido con convicción la actuación del Ejecutivo durante la crisis, incluida la declaración del estado de alarma y la consiguiente militarización, que algunos grupos, como Izquierda Unida, criticaron probablemente más por las reminiscencias del pasado que por la aplicación práctica, pues, como ha quedado demostrado, no quedaba otra salida y los derechos fundamentales de los controladores no están en suspenso.

Con todo, esas responsabilidades corresponden a los gobiernos en distinta medida y en este aspecto el PP tiene el techo de cristal, pues fue un Gobierno de José María Aznar el que aceptó en 1999 las principales reivindicaciones del colectivo que forman la armazón de sus privilegios: que tuvieran una jornada anual de solo 1.200 horas (un ejemplo ilustrativo: 200 días a razón de 6 horas por cada uno de ellos), cuya insuficiencia determinaba que cobraran otras 600 como extras, lo que dio lugar a los sueldos desorbitados que conocemos. José Blanco bajó en abril el sueldo a una media de 200.000 euros anuales y subió el número de horas a 1.670. Fue, como destacó Zapatero, el primer ministro de Fomento que no toleró el chantaje permanente.

Esta responsabilidad histórica del PP no impidió a Mariano Rajoy acusar de nuevo a Zapatero de improvisación y pasividad, aunque este último reproche no parezca el más adecuado para la enérgica actuación del Gobierno durante el pasado fin de semana. Sin embargo, el PP tuvo esta vez la deferencia de aprobar la declaración del estado de alarma, decisión que merece un aplauso, dado lo infrecuente que resulta ver al principal partido de la oposición apoyando con su voto alguna medida gubernamental.

En el debate, algún grupo --es el caso de CiU--, planteó un problema de fondo que el Gobierno debería abordar para resolver de verdad el conflicto: además de las medidas liberalizadoras ya emprendidas, es necesario acabar con la centralización del control aéreo, una forma más de quitarles de las manos a los controladores el arma del chantaje. Unos controladores que se preparan ahora para librar la batalla en el terreno judicial, lo que siempre es sinónimo de eternidad, y que se enfrentan a una petición fiscal de prisión.