El caos seguía ayer, inevitablemente, en el aeropuerto barcelonés de El Prat tras la huelga salvaje de la víspera de los trabajadores de tierra de Iberia, que obligó a cancelar más de 500 vuelos y dejó en tierra a decenas de miles de pasajeros, con el consiguiente enojo.

Los expertos calculan que hasta dentro de cuatro o cinco días no volverá la normalidad al tráfico aéreo. La ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, de quien dependen los aeropuertos, prometió ayer que exigirá responsabilidades "a todos los que hayan tenido una conducta que no sea legalmente admisible", apuntando tanto a los trabajadores que sabotearon las maniobras de aterrizaje y despegue como a Iberia, responsable de la prestación del servicio público.

Las concesiones de ayer de Iberia a sus empleados --que puedan realizar el handling, el servicio de tierra, a los aviones propios y, si es posible, también a los de la nueva compañía de bajo coste, Clickair, además de bajas incentivadas o recolocación en otros aeropuertos-- deberían haberse producido el jueves, cuando sus directivos se reunieron con los representantes de unos trabajadores angustiados por la posible pérdida de puestos de trabajo o por el recorte de sus salarios, y ahorrase así los millones en pérdidas por lo sucedido y el daño a los usuarios. La huelga fue salvaje, pero menos imprevista de lo que se ha dicho: en la madrugada del viernes ya circulaba el aviso de que se iba a armar una muy gorda. Iberia tardó en reaccionar más de lo aceptable.