Uno de los aspectos más interesantes que se están sustanciando en el juicio por la matanza del 11 de marzo del 2004 en Madrid es hasta qué punto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban en disposición de prevenir un ataque de la magnitud que se produjo. De momento, el abogado de las víctimas del 11-M Gonzalo Boyé pide que el Estado sea condenado como responsable civil directo --y no solo subsidiario-- por los atentados. El letrado basa su petición en la presunta negligencia en que habría incurrido el Gobierno que presidía José María Aznar.

Aunque el ruido producido por la teoría de la conspiración ha difuminado de un modo sin duda interesado estos aspectos, hoy ya sabemos que las fuerzas policiales estaban controlando a grupos extremistas de carácter islamista, entre los que se encontraban algunos de quienes ahora se sientan en el banquillo de los acusados.

También sabemos que en la trama asturiana de la venta de explosivos a los presuntos autores de la masacre estaban implicados algunos confidentes de la Guardia Civil en el Principado. Existían, además, informes de los servicios de inteligencia que alertaban sobre una posible acción terrorista de grupos de Al Qaeda en España, a los que, al parecer, no se hizo demasiado caso... Todo ello configura un panorama en el que no resulta descabellado que el abogado de las víctimas vuelva su acusación contra los máximos responsables políticos del momento.

Un mando policial declaró en el juicio que viene celebrando en Campamento que los servicios de seguridad siempre fueron un paso por detrás de los terroristas. Ahora será el tribunal que preside Javier Gómez Bermúdez el que dilucide si en ese retraso en detectar lo que estaba ocurriendo hubo o no hubo negligencia. Si esa hipótesis queda demostrada en la vista sin género de duda supondría que el Estado debería indemnizar a las víctimas con cantidades muy importantes. Pero, además, sería una tremenda descalificación, una especie de carga de profundidad con carácter retroactivo, para el Gobierno de entonces.

Sobre el exministro del Interior Angel Acebes ha caído ya la sombra ominosa de haber engañado a los ciudadanos en aquellos fatídicos días y en vísperas de la jornada electoral. Quizás el via crucis de Acebes no acaba aquí, porque ahora puede acumular también la responsabilidad por no haberse enterado de que un gran atentado se estaba organizando durante su mandato y de cuyos preparativos la policía tenía datos. Ante un ataque terrorista existe el principio democrático de solidaridad con el Gobierno de turno. El 11-M no debe ser una excepción, siempre que quienes en aquellos días gobernaban no traten de engañar entonces y de seguir engañando ahora a la ciudadanía con una estéril estrategia de tinta del calamar.