Preparar la economía regional para afrontar con éxito el crecimiento económico será el reto de los próximos años. El Gobierno Regional se fija en sectores clave como el turismo, la agroindustria y el sector energético. La situación a medio plazo es compleja, el Banco de España prevé que de 2020 a 2025 el crecimiento del PIB potencial nacional será solo del 1,2% anual. Transmitir una buena percepción de la economía regional no pasa solo por especializarnos en sectores clave, sino en sentar las bases del inicio de una senda de crecimiento basada en recuperar la competitividad, definida, por la OCDE, como la capacidad de exportar, que depende negativamente del IPC y del coste laboral por trabajador.

Extremadura corrigió el saldo comercial negativo del inicio de la crisis (--20 millones de euros en diciembre de 2009), gracias al ajuste de los costes laborales y los precios, que situó a la economía, siete años más tarde, en una posición más competitiva con un saldo comercial positivo de más de 36 millones de euros en diciembre de 2016. En este sentido, el coste laboral total por trabajador bajó de 2.307 euros en el último trimestre de 2009 a 2.185 euros del mismo trimestre de 2016, mientras que el IPC comenzó a bajar en octubre de 2012 y se mantuvo en terreno negativo de octubre de 2013 a septiembre de 2016. Aunque el coste que tuvo que pagar la economía regional, hasta beneficiarse del ajuste de precios, fue la destrucción de empleo. La tasa de paro llegó hasta su nivel más alto en el primer trimestre de 2013, un 36%, frente al 21% de finales de 2009, para bajar hasta el 28% actual.

La competitividad regional se enfrenta a una serie de retos. Primero, a la excesiva concentración de las exportaciones regionales. En 2016, el 85% de las exportaciones tuvieron como destino Europa. La CE prevé un débil crecimiento de la UE del 1,8% para 2017 y 2018 que generará una ligera contracción de la demanda interna de nuestros clientes europeo que se traduce en perspectivas de poco crecimiento de las ventas al exterior. Segundo, al previsible final de la política monetaria expansiva del BCE, al repuntar la inflación, que afectará negativamente a economías con altos niveles de deuda y déficit así como a ejecuciones de proyectos por parte de las empresas. Tercero, al fin del diferencial de inflación que teníamos con respecto a otras economías que provocará una apreciación del tipo de cambio real del euro encareciendo las exportaciones. Cuarto, a la menor contribución de las exportaciones al crecimiento del PIB regional por la poca apertura de nuestra economía (en torno al 16% del PIB). La depreciación del euro aumenta las exportaciones y disminuye las importaciones, mejorando nuestro saldo comercial, pero a corto plazo continuamos importando el mismo volumen de materias primas, por lo que su gasto aumenta (en 2016 aumentó un 20% interanual), luego el efecto final, son unas exportaciones netas menores. Quinto reto, la inversión aumentó poco en estos años debido al apalancamiento de las empresas, al bajo precio al que debían vender su producción y a la caída de los préstamos (según el BdE, a nivel nacional el 70% de las empresas vieron caer sus préstamos bancarios durante la crisis). Ahora, la vuelta a un IPC superior al 2% (en febrero fue del 2,8% interanual en la región), hará que los empresarios recorten sus márgenes, para no subir precios, por lo que habrá menos beneficio para reinvertir. Sexto, a la disminución de la población activa, que reducirá el PIB potencial, debido al envejecimiento demográfico (la población caerá en la región hasta un 6,1% hasta 2031), al fin de la incorporación de la mujer al mercado laboral y a las altas tasas de paro.

Por lo tanto, la política económica extremeña debe basarse en los próximos años en fomentar la productividad, que absorbería la subida de los precios de la energía y materias primas, fomentaría la inversión (no penalizando los márgenes empresariales), y compensaría la caída de la población activa. El problema demográfico se atajaría diseñando planes de empleo para atraer mano de obra de fuera y para reducir el paro estructural. Finalmente, un plan de internacionalización regional que reactive las exportaciones extremeñas hacia economías emergentes para paliar su escasa diversificación.