La sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo sobre los atentados del 11-M en Madrid corrige, en general, a la baja las penas impuestas por la Audiencia Nacional. De hecho, ratifica la absolución de Rabei Osman, El Egipcio, recurrida por los abogados de las víctimas, y deja en libertad a cuatro acusados más al no considerar probada su pertenencia al grupo terrorista que atentó en los trenes. La sentencia enmienda la plana a los jueces de la Audiencia Nacional al rectificar algunas de sus interpretaciones, pero confirma lo esencial del abultado sumario al que dio origen el mayor atentado de la historia de España: los autores fueron los miembros de una célula de Al Qaeda, de estructura independiente y que tenían un vínculo religioso entre ellos. Tampoco el Supremo hace referencia alguna a la participación de ETA en el atentado.

Puede concluirse que la ya muy desacreditada teoría de la conspiración ha quedado definitivamente hundida por el Supremo. En segundo lugar, la sentencia demuestra que el sistema garantista ha funcionado correctamente, puesto que un segundo tribunal ha revisado el proceso y ha variado algunas de las condenas. La propaganda islamista no podrá ocultar una realidad: los acusados del 11-M fueron sometidos por el Estado de derecho español a un juicio justo y con todas las garantías.

Aunque todavía cabe un recurso al Constitucional por aspectos muy concretos, con este fallo se cierra el proceso del 11-M, cuatro años y cuatro meses después de los atentados, lo que es una demostración de eficacia de los cuerpos de seguridad, primero, y de los jueces, después.