Dos vías paralelas, la estrategia policial y la judicial del independentismo, se entrecruzan de forma inevitable. Ayer, la secretaria general de Esquera Republicana de Cataluña, Marta Rovira, y la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, declararon ante el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo (TS) en condición de investigadas por pertenecer al llamado comité estratégico que presuntamente diseñaba los pasos para la ruptura entre Cataluña y España. Ante el juez, Rovira y Pascal sostuvieron que la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre fue tan solo «política» y que no tuvo ninguna validez jurídica. Además, Rovira afirmó que el 1 de octubre le propuso al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, suspender la votación a causa de la violencia que se vivía en las calles. Puigdemont, según Rovira, se negó alegando que había demasiada gente en los colegios. Pese a ello, tanto Rovira como Pascal sostuvieron en el camino que llevó del 1-O al 27 de octubre (día en que el Parlamento catalán votó la DUI) que del referéndum había surgido un «mandato democrático» que, según las leyes del referéndum y de transitoriedad que el Parlamento aprobó con el voto favorable de Junts pel Sí y la CUP, debía traducirse en la independencia y el nacimiento de la república.
La presión del poder judicial provoca que una parte del liderazgo independentista, usando su legítimo derecho a la defensa, revisite lo sucedido entre el 6 y el 7 de septiembre y el 27 de octubre. Rovira y Pascal siguen la misma línea que Carme Forcadell u Oriol Junqueras. Sin embargo, Mireia Boya hablaba la semana pasada de una «DUI efectiva», y hoy Anna Gabriel en principio aclarará si declara ante el Tribunal Supremo o si sigue el camino de Puigdemont y los otros exconsejeros prófugos de la justicia. En el ámbito judicial, se da el mismo debate estratégico que en el político: apostar por el pragmatismo ante la realidad de las consecuencias del choque con el Estado, o mantener el irredentismo del legitimismo a ultranza. Está por ver las consecuencias legales de estas posturas (Boya y Pascal quedaron en libertad sin medidas cautelares, Rovira debe pagar 60.000 euros de fianza) pero las políticas tienen doble cara. Por un lado, el Parlamento de Cataluña sigue bloqueado. Por el otro, escuchando según qué declaraciones en el TS, es difícil no lamentar tanta y tan dañina irresponsabilidad.
