El ayuntamiento cacereño ha decidido incrementar la tasa que se paga por el agua para poder hacer frente a los gastos que se generarán por las obras de mejora en el abastecimiento a las casas situadas en la Montaña. Serán unos doscientos propietarios los que se beneficiarán de estas actuaciones en una zona que arrastra, desde hace años, importantes carencias en este sentido.

Pese a la indudable necesidad de estas actuaciones y la escasa subida de precio que supondrá para el bolsillo de los ciudadanos, el hecho de que su coste engrose la tasa que pagan todos los cacereños puede ser, en cierto modo, poco entendible. Primero, porque sobre el papel aún existen edificaciones cuya legalidad urbanística no está del todo probada; y segundo, porque, para dotar como es debido a un reducido grupo de personas, se grava a todos. El acceso al agua es un derecho de todos y cada uno de los cacereños y el gobierno local debe trabajar para que así sea; deberá poner en marcha los suficientes mecanismos para garantizar el correcto abastecimiento a toda la población, sin excepciones, pero primar el interés de unos pocos sobre el resto se antoja poco razonable, aunque se esté hablando de una subida casi testimonial. Una obra como la prevista, con tan pocos beneficiarios, no puede repercutir a toda la población.