WEwl sector conservador, mayoritario en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), impuso el miércoles de nuevo su rodillo. Magistrados conservadores ocuparán nueve de las 11 plazas vacantes que debían cubrirse en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y varios tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.
No se sostiene el argumento de que en las votaciones imperó el criterio de capacidad o mérito: el relevo del elogiado presidente del Tribunal Superior de Cataluña, Guillem Vidal, la descalificación de Fernando Ledesma por haber sido ministro o la derrota de Garzón frente a otro magistrado con mucha menos experiencia sólo se entienden como un veto a los progresistas. La actuación de los vocales conservadores, con el apoyo del presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, que no ejerce con nitidez su papel de arbitraje, parece sectaria. Como ocurrió con el informe contrario a la ley contra la violencia sexista. Es evidente que el cambio que votaron los españoles en las elecciones legislativas tendrá que intentar desarrollarse a contrapelo de nuestras altas instituciones jurídicas, ya que la mayoría que dejó el PP en este órgano convierte a la cúpula judicial en un reducto de la oposición.
