El presidente del Gobierno hizo ayer un repaso de lo que fue el año 2010 y presentó detenidamente ante empresarios y sindicatos sus planes económicos para el 2011, que se centran en reformas de calado en el tejido productivo y en el gasto público. Lo más destacable del discurso es el contraste entre su tono liberal y enérgico y la actualidad política de tertulias y cenáculos, tan centrada en si se presentará o no a las elecciones generales. José Luis Rodríguez Zapatero habló en un tono que es más esperable de quien no tiene en cuenta el coste electoral de sus decisiones que lo contrario.

No olvidó, eso sí, justificar su política de gasto para ayudar a la actividad productiva, que era lo que tanto la OCDE como el FMI apoyaban para nuestro país hace menos de un año. Si ahora España tiene una deuda pública del 62%, dijo, es porque entonces era la receta de consenso contra la crisis. Además de ese mensaje a los ortodoxos de la derecha, envió otro a la izquierda que le reclama --lo están haciendo ahora los sindicatos en una mesa decisiva de negociación-- menos recortes y más lucha contra el fraude: en el 2010 las inspecciones fiscales recaudaron el récord de 10.000 millones, el 1% del Producto Interior Bruto.

El informe sobre la situación económica se centró, no obstante, en las reformas, tanto la financiera como la del sistema de pensiones y la del mercado laboral, las tres ya en marcha. Zapatero quiere hacerlas por consenso, pero si no lo consigue repitió lo que viene siendo un lugar común desde hace semanas: que las aplicará igualmente. Desde su punto de vista, tan importante como aumentar las facilidades para reducir plantillas es la negociación colectiva, que para escándalo de las centrales la considera anticuada; y apoyó su afirmación recordando que en el año 2009, mientras se destruían 1,2 millones de empleos, los sueldos subían el 3,2%, pero el IPC caía el 0,3%.

Junto a las reformas, también anunció medidas para hacer más eficiente la economía, como cierta liberalización de los servicios profesionales. En esa línea hay que enmarcar su deseo de coordinar con las autonomías los horarios comerciales y la reducción del catálogo de actividades que requieren licencias municipales.

En estos momentos, la armonización de los horarios comerciales --armonización que significa en la práctica ampliación, cuando no liberalización plena-- constituye una ardua tarea, puesto que cada comunidad autónoma ha elaborado la legislación correspondiente para establecer horarios comerciales que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con las necesidades ciudadanas, dándose todo tipo se situaciones. Desde las más proteccionistas hacia el pequeño comercio, como es el caso de Cataluña, a la total libertad de horarios para todo tipo de tiendas, como es el caso de Madrid.