Como en el 2004, tenemos un culebrón creado por miembros afines al anterior equipo de gobierno municipal del PP.
Resulta que el 13 del pasado abril, poco más de un mes antes de las elecciones municipales, el señor Prudencio González se blinda el contrato que tiene como gerente de la empresa municipal de transportes, de manera que rescindirlo por parte del nuevo gobierno municipal, cuesta al pueblo de Mérida 266.519 euros (más de 44 millones de las antiguas pesetas).
El señor Prudencio González era un taxista que vivía de esa digna profesión y que vendió la licencia y el taxi cuando accedió, en una convocatoria a medida, al puesto.
Los únicos milagros que tiene en su haber es el despido de seis conductores, con nulidad judicial para ello, y optar por las indemnizaciones con el dinero de todos. El otro milagro fue intentar torpedear la huelga general del 2002, escondiendo autobuses en el cuartel Hernán Cortés, provocando una gran tensión entre trabajadores y sindicatos.
Los puestos de trabajo por designación política, aunque se quiera camuflar, tienen el riesgo de que cuando el partido en el gobierno deja el poder, las personas que están en esos puestos también salen, como ha sucedido con el responsable de la gerencia municipal de Urbanismo y el director de Radio Forum.
Es el riesgo que se corre cuando laboral o económicamente no se tiene la espalda cubierta. Y eso es lo que le ha sucedido al señor Prudencio González.
El PSOE tiene un doble trabajo en el ayuntamiento, descubrir y cortar inmoralidades como esta y cumplir su programa electoral.
Antonio M. Olivas Salguero **
Mérida
