A medida que pasan los días sin que se aclaren las circunstancias en que el ejército y la policía marroquís irrumpieron en el campamento Dignidad y lo arrasaron, y sin que haya noticias ciertas y detalladas sobre lo que ocurre en El Aaiún, se pone de manifiesto con más claridad la pertinencia de que el Gobierno de España tome cartas en el asunto y deje a un lado la ´realpolitik´, a la que sin matices se ha abonado, para adoptar el papel que le corresponde como antigua potencia en la zona, la cual abandonó en circunstancias más o menos vergonzantes.
Los llamamientos que activistas de la causa saharaui, como el que hizo ayer el pacense Javier Sopeña, para que la comunidad internacional sea contundente con Marruecos, son la expresión más viva de la impotencia y del desamparo en que las más altas instituciones internacionales, empezando por la ONU, han dejado a los saharauis. Esa llamada a pedir responsabilidades a un gobierno que, como el de Mohamed VI, lo que mejor sabe hacer es dar el cerrojazo informativo y lanzar invectivas contra la prensa española, es lo menos que debería corresponder a gobiernos que se dicen garantes de los derechos humanos. Frente a eso, sin embargo, el Ejecutivo español, y la mayoría de los partidos, son incapaces de hilar una respuesta a la altura de lo que se le exige, presentando una posición políticamente confusa que da alas a la impunidad de Marruecos.
