La tarea que se ha impuesto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para el semestre de presidencia española de la Unión Europea que ahora empieza es tan lógica en el plano teórico, como compleja a la hora de traducirla en decisiones concretas. Poner los cimientos de una dirección coordinada de los grandes dosieres económicos de la UE no es un un problema teórico, sino un asunto de "supervivencia", como manifestó ayer Herman van Rompuy, pero choca con los diferentes enfoques que conviven en el seno de la Unión.

En la reunión de ayer en Madrid entre Van Rompuy, Rodríguez Zapatero y José Manuel Durao Barroso, previa al acto oficial de toma de posesión de la presidencia en el Teatro Real de Madrid, se puso el acento en la necesidad del acuerdo entre los Veintisiete, pero elementos tan dispares como una previsible victoria del Partido Conservador en el Reino Unido la próxima primavera; como la salida de la recesión confirmada ya en Francia y Alemania; y como, en sentido contrario, la quiebra de facto de las finanzas públicas en varios estados acrecientan las dificultades para que la coordinación salve todos los obstáculos.

Debe añadirse al caso la desconfianza más o menos justificada de algunos portavoces oficiosos de la Europa conservadora --el Financial Times primero, al que ayer se unió The Economist-- frente a los planes de una presidencia lastrada por la dureza de la crisis en España. Después de dos años de presidencias rotatorias de centroderecha, la de Rodríguez Zapatero es la primera de un líder socialdemócrata, y buena parte de las reservas manifestadas los primeros días del año por la prensa financiera obedecen a este dato.

El resultado de la cumbre europea del 11 de febrero en Bruselas marcará, más que las declaraciones solemnes de los líderes y las críticas de los medios, el tono de la presidencia española, porque será la ocasión en la que se fijarán los objetivos a corto y medio plazo. Será allí donde se concretarán las reservas británicas y de los gobiernos más liberales a lo que consideran un excesivo intervencionismo del Estado promovido por España. Pero será también allí donde, una vez más, se pondrá de manifiesto el riesgo de una fractura social europea causada por los diferentes ritmos de los estados para salir de la crisis.

En esta ocasión, ni siquiera puede darse por supuesta una mejor disposición dentro de la zona del euro a un Gobierno económico de Europa para mejorar la eficacia en el periodo de salida de la recesión. Mientras Francia insiste en seguir este camino, el Gobierno alemán de Angela Merkel desconfía de él. Y sin la coordinación de las dos grandes economías del euro, la coordinación general --la del resto de países-- no es más que una quimera.