Durante su estancia en Bilbao, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo un inusual gesto de apoyo explícito a los trabajadores de los astilleros de la empresa pública Izar, de Sestao, y prometió salvar la construcción naval. Pero no pudo concretar qué se hará, más allá de salvaguardar los intereses laborales de los obreros y evitar el argumento fácil de que la culpa es del Gobierno anterior.

Izar tiene difícil viabilidad porque sus centros, poco competitivos, se mantuvieron artificialmente con ayudas que la UE considera ilegales. Devolverlas, así como el contexto de la absoluta falta de pedidos, empujan hacia la quiebra. Bruselas trata de ayudar, pero Zapatero no puede aportar fondos públicos y el ente estatal encargado de solucionar el problema (la SEPI, heredera del antiguo INI) ha diseñado un ajuste que prevé segregar los astilleros militares y privatizar los civiles.

Más allá de Izar, se impone la reflexión de que cada vez que el presidente realiza un viaje oficial no tiene por qué añadir otra promesa difícil a su ya complejísima legislatura. Y ayudar a los trabajadores no debe equivaler a mantener automáticamente situaciones ruinosas y sin futuro.