Por si no estuvieran ya suficientemente desacreditadas las instituciones públicas, la resolución del Consejo General del Poder Judicial contra el juez Santiago Vidal significa otro peligroso paso en esa caída. La suspensión de 3 años de carrera por haber redactado una Constitución catalana no hace otra cosa que dar argumentos a los que la interpretan como una maniobra de los poderes del Estado contra el proceso soberanista que una parte de la población impulsa en Cataluña. La votación así lo demuestra: los 12 vocales conservadores apoyaron la suspensión, mientras se opusieron los ocho progresistas y el elegido a propuesta del PNV. A Vidal se le ha aplicado un expediente disciplinario no por cuestiones relacionadas con sus funciones judiciales, sino por haber ejercido la libertad de expresión. El argumento de que Vidal ha vulnerado el deber básico de fidelidad a la Constitución se antoja poco sólido. Esta sanción va a tener además un efecto colateral, ya que puede insuflar nuevos ánimos a un proceso que no pasa por su mejor momento.
