WLw a Asamblea Nacional francesa empezó ayer a debatir la nueva ley de inmigración. Aprobado el proyecto por el Gobierno el pasado 31 de marzo con el objetivo básico de transponer algunas directivas europeas, el giro hacia una mayor intransigencia en cuestiones de seguridad anunciado por el presidente Sarkozy en su dircurso del 30 de julio en Grenoble se ha traducido en un alud de enmiendas --unas 500-- que endurecen el texto.

Sarkozy ha convertido su estrategia política contra la inmigración irregular en una especie de círculo vicioso que no para de dar vueltas: a los hechos hay que remitirse: no en vano este es el quinto proyecto de ley presentado desde que el ahora presidente fue nombrado en el 2002 ministro del Interior. Gran parte de las nuevas medidas tienen un sesgo expeditivo porque están destinadas a favorecer las expulsiones de inmigrantes, con la limitación de la intervención judicial, la ampliación de 32 a 45 días del periodo máximo de retención de los extranjeros --con más días se facilitará la obtención de la necesaria documentación del país de origen-- o el establecimiento de zonas de espera especiales para extranjeros, desde las que será más fácil expulsarlos o negarles el asilo. La norma que ahora se discute en el Legislativo galo también contempla endurecer las sanciones a los empresarios que empleen a sin papeles (se calcula que en Francia se encuentra en esta situación entre 200.000 y 400.000 personas) y a los llamados matrimonios de conveniencia que persiguen una rápida y fraudulenta obtención de la nacionalidad.

Pero, con ser estas medidas rigurosas en comparación a las que existen en los países del entorno, las más polémicas son las que se han introducido a raíz de la crisis surgida con la expulsión de los gitanos, particularmente rumanos.

Sarkozy pretende, por ejemplo, que los extranjeros, incluidos los europeos, puedan ser expulsados por circunstancias tan difíciles de concretear como el "abuso de estancia corta" en el país si multiplican las idas y venidas "con el objetivo de mantenerse en el territorio" o si constituyen "una carga excesiva para el sistema de asistencia social". Este punto no hará sino intensificar la actual polémica con la Comisión Europea a raíz de la expulsión masiva de gitanos, ya que los juristas dudan de que cumpla el derecho comunitario.

Entre posibles violaciones del derecho comunitario o de la la misma Constitución francesa --por ejemplo, en la retirada de la nacionalidad a los delincuentes--, Sarkozy prosigue su cruzada con la vista puesta en la reelección y para remontar en los sondeos. Pobre consuelo recuperar popularidad a base de excitar las bajas pasiones del electorado.