El Gobierno ha dado un gran paso en la clarificación de las cuentas públicas al anunciar que está dispuesto a acabar con el sistema de usar las cotizaciones a la Seguridad Social (SS) para cuadrar el Presupuesto del Estado. Aunque sea tarde, ya era hora: es lo que pactaron en Toledo los partidos políticos en 1995. Una parte del superávit de ingresos de la SS de los últimos años se ha destinado a los gastos generales del Estado, y no a mejorar las prestaciones, especialmente a los jubilados con pagas por debajo del nivel de subsistencia. El fondo de reserva de la SS creado hace tres años se incrementa ahora hasta los 7.330 millones de euros, y sólo se podrá disponer de un 3% anual para cubrir prestaciones imprevistas. En un sistema de previsión pública no sólo es adecuado hacer esas dotaciones y establecer restricciones, sino que es imprescindible para la credibilidad del modelo de prestaciones a largo plazo. Lo venían exigiendo la Comisión Europea y el Banco Central Europeo: que España deje de maquillar sus cuentas públicas --el cacareado déficit cero -- a costa de poner en peligro las futuras pensiones. Con la rectificación de ayer, el Gobierno no ha sido generoso ni previsor: cumple con retraso una obligación.
