La tormenta que el pasado jueves atravesó Extremadura dejó daños considerables en decenas de viviendas, garajes, vehículos, mobiliario urbano y árboles de la ciudad de Cáceres y arrasó la cosecha de aceituna de Monterrubio de la Serena, precisamente la localidad que da nombre a una Denominación de Origen de aceite de oliva de las más reputadas de la región, y que constituye la espina dorsal de la economía local.

Siempre que se produce un fenómeno natural que arrasa los bienes o produce daños en cultivos, acto seguido llegan la petición de las ayudas a las administraciones públicas por parte de los damnificados. Muchas veces esas peticiones están justificadas y amparadas por la legislación, pero otras el desamparo obedece a la falta de previsión particular. ¿Cómo se puede entender que en una localidad como Monterrubio, que vive del aceite, que hay más de 2.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, solo 13 olivareros tengan asegurada su cosecha? Ahora, cuando el 80% de su riqueza está por los suelos, piden ayudas a las administraciones, justo cuando éstas no se las pueden prestar precisamente porque los olivareros no han suscrito seguros.

Como era previsible, los dos grandes partidos han entablado una polémica a cuenta de la catástrofe de Monterrubio. Es la consabida batalla por el voto. Ninguno de ellos, sin embargo, tiene el coraje de decirle a los olivareros lo que les dice el subdelegado del Gobierno en Cáceres a los damnificados por la tormenta en la ciudad: que el desamparo no cubierto por ellos mismos no puede serlo con el dinero de todos. Y que si no hay seguros no puede haber ayudas.