La Audiencia de Girona ha impuesto entre 14 y 22 años de prisión a cinco de los ocho procesados por el secuestro de Maria Angels Feliu. La resolución judicial, contra la que recurrirán los condenados, deja un sabor agridulce. Por un lado, sofoca la alarma social que desató el suceso, ya que establece un castigo proporcionado a quienes --movidos por la avidez de dinero-- decidieron recluir en un agujero infame a la farmacéutica de Olot. Pero, por otro lado, la decisión judicial también pone en evidencia la sucesión de sinrazones de la instrucción, que ha dejado numerosos interrogantes abiertos y que ahora ha desembocado, con todas las de la ley, en la absolución de los acusados de planear el secuestro, Xavier Bassa y Joan Casals.
Un personaje poco creíble como el delator Francisco Evangelista, a quien el aparato judicial y policial dio todo el crédito, les había señalado como inductores del delito e, incluso, como asesinos de Feliu. Las pruebas contra ellos eran poco consistentes y, por lo tanto, procede dejarlos en libertad con todos los pronunciamientos favorables. Por las intoxicaciones de unos y la falta de diligencia de otros, en el caso Olot se ha hecho justicia, pero no toda la justicia.
