Un juez de Madrid ha condenado a dos periodistas de la SER, el director y el director de los servicios informativos, a un año y nueve meses de cárcel, a la inhabilitación para ejercer la profesión por el mismo tiempo y al pago de 148.000 euros. El delito por el que se les condena es el de revelación de secretos, por publicar en la web de la emisora los nombres de 78 afiliados irregularmente al PP, entre ellos los dos empresarios que reservaron el alojamiento en un hotel de los dos diputados tránsfugas de Madrid que impidieron la elección del socialista Rafael Simancas como presidente en lugar de Esperanza Aguirre. El juez reconoce que el tema era un "hecho noticiable", pero se arroga la potestad de decidir lo que debía incluirse o no en la información y rechaza la publicación de los nombres. Al margen de que es muy discutible que militar en un partido sea un secreto, donde el juez se encamina por los meandros del absurdo es cuando distingue entre "medios de comunicación social" (televisión, radio o prensa escrita) y "medios de comunicación universal". En esta segunda categoría incluye a internet y deduce que la red no está amparada por la protección que otorga el derecho fundamental a la información. La sentencia es inaudita y desmesurada y solo cabe esperar que, al ser en primera instancia, sea revocada lo más pronto posible en un tribunal superior.
