El PP y el Consejo General del Poder Judicial, merced al voto conservador, han respondido con cajas destempladas a la opinión expresada por el fiscal general del Estado relativas a la entrevista del lendakari con Otegi. El ministerio público se ha limitado a recordar el auto del Tribunal Supremo, que desestimó la querella presentada por el falso sindicato Manos Limpias contra el socialista Patxi López a raíz de su reunión con el dirigente aberzale, y el criterio de la fiscalía del País Vasco, que ha dictaminado en diferentes ocasiones que este tipo de entrevistas no entrañan delito. Al apelar al alto tribunal, Conde Pumpido ha hecho una apreciable contribución al sentido común en medio de un debate dominado por el cálculo electoral y el sectarismo vociferante. Porque es un ejercicio de sentido común garantizar la dignidad del Estado y el cumplimiento de la ley, y, al mismo tiempo, dejar alguna puerta abierta al futuro. Lo contrario es confiarlo todo al gran garrote, de efectos limitados, aunque espectaculares. Instar, además, la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas mediante un trámite parlamentario de dudosa consistencia, tal como propone el PP, se enmarca en esta vía de gestos aparatosos, pero su rentabilidad futura resulta incierta. Tanto como negar al presidente vasco la oportunidad de explorar nuevas fórmulas para la paz, aunque la biografía de alguno de sus interlocutores esté lejos de ser ejemplar. Que ETA haya liquidado la tregua con un portazo ensordecedor no significa que los demás deban actuar con la misma inconsciencia.
