Quizá el gran acierto del presidente en el debate del miércoles fuera proponer que una comisión gubernamental de alto nivel negocie con los grupos las reformas precisas para superar la crisis. Fijó un calendario (dos meses) y cuatro ejes: competitividad y empleo, nuevo modelo productivo, consolidación fiscal y fluidez del crédito. Con la reforma laboral, que ya negocian sindicatos y patronal, y la de las pensiones, que debe discutir la comisión del pacto de Toledo, Zapatero traza una agenda ambiciosa, tanto como complejos son los retos a afrontar.

Urge reactivar el crédito, porque sin él la economía se paraliza. Es lo que pasa desde finales del 2008. Nuestro sistema financiero no se paró por la insolvencia de las grandes entidades, como sucedió en otros países. Pero la banca estaba endeudada en los mercados exteriores y, al cerrarse estos, el crédito se paralizó. El Gobierno acertó al esforzarse en suavizar la caída, pero actuó con mucho retraso. El Fondo de Adquisición de Activos Financieros llegó tarde y con tantas cautelas que fue inútil. Es cierto que no pasó lo mismo con el fondo de avales, y que el ICO no puede suplir con eficacia el desmayo de la banca. Pero la lentitud de Solbes agravó algo inevitable. España debe reducir el insostenible endeudamiento de los años del boom. Ahora, el retraso se centra en las ayudas a entidades con exceso de cartera inmobiliaria. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no se creó hasta junio del 2009, y todavía no ha operado porque estaba pendiente del visto bueno de Bruselas. Zapatero dijo que el FROB permitirá reestructurar 40 cajas. Luego, hay 40 cajas agarrotadas por su retraso. Conclusión: para reanimar el crédito los políticos deben evitar los debates superfluos y adoptar medidas eficaces con mayor agilidad

El cambio de modelo productivo es vital. Nuestra economía no debe basarse en la construcción y otros sectores de poco valor añadido. El mantenimiento --y la eficiencia-- de la inversión pública en I+D+i es esencial. Pero todavía lo es más la iniciativa empresarial. Y ello exige un marco de flexibilidad que invite a las empresas a invertir aquí. La flexibilidad es obligada, porque los nuevos productos deben vivir del mercado y nadie sabe lo que tendrá éxito. Si se supiera, los funcionarios de los servicios de estudios, públicos o privados, decidirían las inversiones, y los empresarios sobrarían. Junto al abuso de la temporalidad en los contratos, esa es la principal razón para revisar el mercado laboral. Las empresas de nuevas tecnologías necesitan mano de obra especializada y en formación continua --muy poco empleo temporal--, pero no aceptarán quedar atrapadas en un marco más rígido que el de otros países.

En la consolidación fiscal, el Gobierno no puede actuar solo, porque el gasto público está muy descentralizado. Necesita pactar con las autonomías. El objetivo de reducir 40.000 millones de gasto estatal en cuatro años es correcto. Pero recortar es duro, y otros 10.000 millones de ahorro deben ser de las autonomías. El pacto es, pues, obligado si se quiere reducir el déficit al 3% en el 2013 y evitar así que el debilitamiento de la deuda soberana lastre aún más la inversión privada. Ese futuro sería muy negro. No es solo que el Estado tendría que recortar el gasto social, dañando la cohesión; también se encarecería el crédito a las empresas españolas, lo que frenaría la inversión y el empleo.

Lo que está en juego es el bienestar de todos los españoles, la pervivencia de unos modelos de producción y de protección social que tal vez España no pueda seguir permitiéndose. Por prudentes que sean, las reformas a acometer serán forzosamente restrictivas, y comportarán un coste electoral a quienes las impulsen. De ahí la importancia de que tanto Zapatero como el líder del PP, Mariano Rajoy, tengan altura de miras para alcanzar unos pactos, aunque sean de mínimos, por los que se corresponsabilicen de tales medidas. Así cabe exigírselo por responsabilidad o, si lo prefieren, en nombre de ese sentido de Estado que tan a menudo demandan a los demás.