No es de recibo el comportamiento de las autoridades europeas y españolas para con los refugiados sirios. En 2015 los países de la Unión Europea acordaron acoger a 160.000 personas que huyen del conflicto armado en un periodo de dos años (con septiembre de 2017 como fecha límite). España se comprometió a recibir alrededor de 17.000 refugiados (15.000 con políticas de reubicación y 1.400 con políticas de reasentamiento) y de este total nacional, a Extremadura correspondían alrededor de 350. Ahora, a mediados de marzo de 2017, la realidad es que esas cuotas no se han cumplido. Apenas un 4% de esos totales han llegado a solo unos meses para que finalice el plazo. Apenas 1.100 personas han aterrizado en España. En el caso de Extremadura, según los datos que maneja la Junta, han llegado 74 refugiados procedentes de todos los conflictos. De éstos, solo 16 han venido de los campos de Italia y Grecia.

Tal y como publicamos ayer, en enero del año pasado llegaron un hombre y una mujer con tres hijos; y en abril y junio, otros tres hombres y una mujer. Estos nueve casos fueron gestionados por la organización ACCEM desde el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla. En septiembre fue el colectivo CEPAIM el encargado de trasladar a la región a cinco refugiados, y en enero de este año otros dos llegaron de la mano de ACCEM. Estos últimos cinco casos pertenecen al cupo de reubicaciones de Grecia acordado por el país.

La cifra es reveladora a la vez que escandalosa: 16 refugiados en 16 meses. Extremadura ha recibido en el último año a un refugiado sirio al mes a pesar de las dosis de solidaridad mostradas por el conjunto de los extremeños. Este cómputo minúsculo ha sido denunciado por colectivos y organizaciones de calado internacional y por las propias instituciones extremeñas a las cuales nos sumamos.

Las competencias en materia de asilo corresponden al Estado, es decir, que las comunidades autónomas no tienen más recursos que presionar para que esa política se lleve a cabo. En ese sentido, Extremadura se posicionó como una de las regiones pioneras en este aspecto. De hecho, la región aprobó en su día una resolución para acelerar los compromisos de acogida, aunque hoy por hoy siguen sin cumplirse. La sociedad extremeña y sus representantes tienen que actuar y exigir al Estado mayor compromiso con lo que sus conciudadanos les está reclamando.