WNw ada más acabar la conferencia de prensa en la que las dos vicepresidentas presentaron el plan de ajuste que acababa de aprobar el Consejo de Ministros, sin un momento de respiro, el portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, saltó al ring para descalificar las medidas por "improvisadas, injustas e ineficaces" y para anunciar que no apoyarían dos de las más importantes: la rebaja del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones (excepto las mínimas). Mariano Rajoy insistió ayer en lo mismo y calificó el plan de ajuste de "estacazo al débil". Es decir, después de meses pidiendo al Gobierno que tomara medidas, el PP se convierte ahora en el defensor de los débiles y, con un antizapaterismo pavloviano, se niega a apoyar lo que probablemente hubiera hecho si gobernara.

Rajoy tiene el derecho, y hasta el deber, de acusar a José Luis Rodríguez Zapatero de rectificar y de denunciar, como hizo, "la degradación y el travestismo" del presidente del Gobierno. Pero lo que no puede hacer es demagogia y rechazar por sistema medidas necesarias e inevitables para asegurar la solvencia del Estado y proteger la deuda española de los ataques especulativos.

Aunque la culpa de la gravedad de la situación fuera del Gobierno, que no lo es totalmente, sería irresponsable jugar a la oposición permanente para obtener réditos electorales.

La idea que Rajoy tiene de la Unión Europea se contiene en una de las frases que pronunció ayer en Córdoba. Dijo que las medidas de Zapatero contra el déficit han convertido a España "en un protectorado de Europa", olvidando que el plan de ajuste se ha acordado con el respaldo de la UE --gobernada en la mayoría de sus miembros por partidos hermanos del de Mariano Rajoy-- y obviando que los grandes países de Europa, con gobiernos de derechas, están adoptando medidas similares.

La receta del Partido Popular para salir de la crisis se basa en tres pilares: crear empleo, reducir el déficit y hacer reformas. Para fomentar la actividad y el empleo, el PP insiste en bajar impuestos --que nadie en Europa, ni Angela Merkel, practica--; para reducir el déficit no basta con suprimir ministerios, organismos administrativos, altos cargos y subvenciones, y las reformas se reducen a la fiscal --sin concretar-- y a la laboral, que tampoco ha sido explicada.

No parece que la credibilidad de la propuesta de los populares supere a la que pueda tener el plan del Gobierno.