SOCIALISTAS E IMPUESTOS

Hace pocas fechas asistimos a la enésima porfía de los socialistas sobre la verdad o mentira de la política de impuestos del Gobierno central del Partido Popular. Agarrándose al clavo ardiendo de Gallardón, Zapatero ha intentado componer un discurso con el que descalificar las evidentes bajadas de impuestos llevadas a cabo por los ejecutivos de Aznar durante los últimos años.

Un reciente estudio del Ministerio de Hacienda ha venido a poner las cosas en su sitio y a Zapatero con sus vergüenzas fiscales al aire. En este estudio referido al año 2002 en el que se analiza la presión fiscal en los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, se concluye que entre las diez ciudades que encabezan el ranking 8 tienen alcalde del PSOE y una, la última, del PP. De la misma forma, en la lista de las diez con menos impuestos 8 son del PP y sólo 2 socialistas, haciendo especial mención a Cáceres que es la de menor fiscalidad de toda España. De igual modo, entre las grandes ciudades, Barcelona y Sevilla figuran a la cabeza de la voracidad recaudatoria socialista. Y por comparar las dos grandes ciudades españolas, Madrid ocupa el puesto 71 mientras Barcelona se sitúa en el 9. Ante este estudio, resulta ridícula la polvareda levantada por el Caso Gallardón .

Punto y aparte es lo que ocurre con los socialistas extremeños, que siguen aplicando políticas caducas que demostraron sobradamente su fracaso en el resto del país y que aquí nos tienen instalados en los puestos de cola en cuanto a renta, PIB, crecimiento, competitividad, peso de la economía y empleo. Respecto a los impuestos, también aquí en Extremadura, se pone de relieve cuál es la verdadera cara del PSOE: subir los impuestos en cuanto tienen ocasión de hacerlo. El gobierno de Rodríguez Ibarra que pretende dar la imagen a nivel del Estado de ser el ala progresista del socialismo español y el adalid del compromiso social, aprobó hace casi un año la Reforma Fiscal de Extremadura que, entre otras cosas, aumentó un 17% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y un 100% el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, impuestos ambos que afectan de forma notable a la compra de la vivienda y en especial a los sectores más sensibles como los jóvenes, familias numerosas, discapacitados y rentas bajas; sin que en dicha ley se tengan en cuenta, como se hace en la mayoría de comunidades autónomas incluidas las de gobierno socialista, ningún tipo reducido o especial para estos colectivos. Los inventores del compromiso social a la hora de legislar se olvidan de aquellos a quienes deberían proteger, incentivar y acompañar en algo tan básico como es el acceso a la vivienda. Por otra parte, no deja de ser paradójico por no decir esperpéntico, que los que utilizan el aumento de precios de la vivienda como arma política contra el Gobierno central presentando a un joven que protesta contra el PP, usen su capacidad normativa para subir los impuestos a ese mismo joven y de paso a todos los demás extremeños. Curiosa forma de contribuir al abaratamiento del precio de la vivienda y de promover una política social que facilite el acceso a la misma.