WEw l vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, salió ayer a la palestra para anunciar las líneas programáticas de lo que será la propuesta de reforma del Gobierno del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas. Solbes informó de esa propuesta dos días después de que su secretario de Estado diera a conocer los datos de las balanzas fiscales entre las autonomías y el Estado. Es difícil no relacionar ambas comparecencias y concluir que la pretensión del vicepresidente --además de situar el contexto en el que quiere que tenga lugar la discusión sobre la financiación--, ha sido la de dejar constancia de que las balanzas no pueden ser un elemento a tener en cuenta en esa negociación. No de otra manera pueden interpretarse sus palabras al señalar que las balanzas son datos "útiles e interesantes", pero no aportan nada nuevo al constatar que las comunidades con ingresos más altos aportan más al Estado. Algo "evidente" en un modelo autonómico como el español, recordó Solbes.

De algún modo, con su comparecencia de ayer, ha pretendido echar agua al fuego que el mismo Gobierno ha atizado con la publicación de las balanzas y dar un toque de atención a algunas comunidades que, a pesar de la inútil insistencia del Ejecutivo de que las balanzas no son una herramienta fiable para fijar la solidaridad interterritorial, les faltó tiempo para hacer de ellas su principal argumento de defensa de sus tesis en la mesa en que se discutirá la financiación. A esas mismas comunidades también les ha faltado tiempo para responder a Solbes. El consejero de Economía de la Generalitat, Antonio Castells, dijo ayer, con una inusitada contundencia, que la posición mostrada por el vicepresidente ha sido "decepcionante, insuficiente y preocupante". También fueron críticos con él las comunidades de Baleares y Madrid.

Poco más concreto dijo el vicepresidente: se limitó a lanzar mensajes tranquilizadores del tipo de que ninguna comunidad va a perder con el nuevo modelo y de que se garantizarán los recursos para que los servicios que presten las autonomías sean iguales en todo el territorio nacional. Adelantó, sin embargo, que el Gobierno pretende elevar hasta el 50% la cesión del IRPF (ahora es el 33%), IVA e impuestos especiales y se cuidó de ser lo suficientemente ambiguo al referirse al peso que en el modelo de financiación tenga el factor de la población. Sí dijo que los recursos que el Gobierno pueda aportar para mejorar la capacidad de financiación de las comunidades autónomas se distribuirán "en función de la población y de su evolución", pero añadió que había que decidir cómo se traslada ese factor al nuevo sistema. Comoquiera que el grueso de la discusión girará en torno a la población --como pretenden las que más han aumentado su censo en este tiempo- y sus características --envejecimiento, dispersión, como quieren, entre otras autonomías, la extremeña, la gallega, la castellano-leonesa--, el vicepresidente ha mantenido una posición ecléctica, que, junto al enfriamiento de las posiciones de los defensores de las balanzas fiscales, permite ir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo martes más tranquilos que hace dos días, cuando no parecía que hubiera otra cosa que discutir en relación a la financiación que terminar con los déficits fiscales de las comunidades ricas.