C La caída del Banco Popular es la crónica de una muerte anunciada. Señalado como el eslabón débil del sistema bancario español en las pruebas de estrés del Banco Central Europeo (BCE), la entidad estaba en caída libre desde la última junta de accionistas que puso al descubierto sus flaquezas y forzó un cambio en la dirección. La misión liquidadora del equipo encabezado por Emilio Saracho ha sido mucho más rápida y radical de lo que los mercados financieros interpretaron en un primer momento.

El resultado es una intervención rápida del BCE, bajo supervisión de la Comisión Europea, a través del FROB que ha despojado a los accionistas y a los bonistas de sus derechos y ha preservado los de los impositores y los acreedores del banco. Todo ello, en apariencia, sin ningún cargo al erario público y entregando el Popular a una entidad de reconocida solvencia como el Banco Santander.

Ahora sí que podemos dar por zanjada la crisis del sistema bancario español que ha comportado la práctica desaparición de las cajas y una cierta, aunque no definitiva, concentración del sector. Alguna operación corporativa más se puede llegar a producir pero ya no será por razones de saneamiento sino puramente de mercado.

Con el Popular, como pasó con algunas cajas, desaparece también un banco de referencia para las pequeñas y medianas empresas a las que ha acompañado durante los tiempos de bonanza y a las que no ha abandonado en los tiempos de crisis, ayudándolas en muchos casos a sobrevivir cuando estaban amenazadas. Seguramente el Santander será capaz de recoger la estela en este segmento de mercado con la misma profesionalidad que lo ha hecho en otros que domina a la perfección.

Esta operación ha supuesto también la puesta de largo de los mecanismos de regulación y de resolución de las entidades financieras que puso en marcha la Unión Europea (UE) tras la última crisis financiera. Hay que reconocer que la intervención ha sido rápida y eficaz. Pero hay que ver también que ha comportado unas prácticas tan excepcionales como una subasta de madrugada por teléfono.

Con vistas a los próximos meses, es responsabilidad de los mecanismos de control certificar que, pese a que las actuaciones han tenido la urgencia requerida, se han respetado tanto las normativas vigentes como la libre competencia.