TTtras el accidente del Yak-42 ha saltado a la actualidad un verbo que las administraciones conjugan a diario en aras de una eficacia a veces muy dudosa y, a veces, hasta trágica. Podríamos estar de acuerdo en que desde lo público no se pueden mantener estructuras para tareas como trasladar soldados, pintar una carretera o impartir un curso de informática, pero es de sentido común que habrá que reforzar las medidas para evitar que un servicio a la Administración sirva para enriquecer intermediarios que ni aportan ni gestionan nada que no sea el encarecimiento del proceso o, lo que es peor, su pérdida de calidad.

Este peculiar sistema produce paradojas como que importantes constructoras apenas tengan albañiles en nómina porque se dedican a subcontratar a empresas cada vez más pequeñas, por no hablar de cursos de formación donde el profesor recibe la mitad de lo que la propia Administración destina a la docencia del mismo puesto que el montante acaba en manos de gestoras y similares. Cada vez que se subcontrata alguien se beneficia a costa de los derechos sociales conseguidos en el siglo XX y que desaparecen cada día que pasa de este nuevo milenio. Esperemos que, además de eso, al menos no nos cueste la vida.

*Profesor y activista de los derechoshumanos