Ha llegado el momento de que el Gobierno haga un ejercicio de responsabilidad y consensúe con Extremadura, Andalucía y los sindicatos un modelo de subsidio agrario para el conjunto de jornaleros que mantenga todos los derechos y subsane defectos del anterior sistema. La nueva reforma del subsidio agrario anunciada por el ministro de Trabajo, explicada ayer sin excesivos detalles en Mérida y Sevilla, representa una clara marcha atrás respecto a lo aprobado en mayo. Con el decretazo , se cerraba el sistema a nuevos perceptores del subsidio, lo cual abocaba a la desaparición de esta prestación a medio plazo, con el impacto que ello tendría para la supervivencia de decenas de pueblos extremeños y andaluces. Ocho meses después, con una huelga general, dos macromanifestaciones y un nuevo anuncio de paro total en el medio rural en su haber, el Ejecutivo de Aznar se ha visto forzado a rectificar, inventándose una fórmula alternativa para los nuevos jornaleros que quieran acogerse a la protección por desempleo. De concretarse lo anunciado por Zaplana, el sistema quedaría como antes del decretazo , lo que demuestra, aunque el Gobierno no quiera reconocerlo por cuestiones de imagen, la injusticia cometida cuando, amparándose en premisas erróneas, atentó contra la línea de flotación del PER.

En este escenario, cuando faltan pocos días para que el titular de Trabajo presente por escrito su nueva propuesta, sólo hay un fleco y de él depende que la huelga general del 20-F se lleve a efecto o no. Zaplana no ha querido especificar si la paga que percibirán los nuevos trabajadores eventuales agrarios que se incorporen al sistema será un derecho o una simple ayuda asistencial . La diferencia no es baladí. Los 28.700 jornaleros extremeños y 233.500 andaluces que cobran el paro agrario tienen todos los derechos laborales y contributivos. En el caso de los nuevos jornaleros, aún no está claro que vayan a tener ese derecho. En este punto, los gobiernos de Extremadura y Andalucía y los sindicatos ya han anunciado que no transigirán. Potenciar los cursos de formación para jornaleros y las tutorías personalizadas para que busquen un empleo alternativo, como se incluye en la nueva propuesta de Zaplana, es razonable desde su punto de vista pero revela un profundo desconocimiento del agro extremeño-andaluz, no el del regadío sino el del secano rabioso, donde en la época en que no hay aceituna o uva existen tan pocas alternativas como cuando en Galicia hay parada biológica en la pesca.

Por último, la voluntad negociadora de la que se vanagloria el ministro choca con sus manifestaciones de ayer, recalcando que aprobará la reforma con o sin consenso. En un momento en que Ibarra y Chaves han demostrado un talante negociador acorde con su reponsabilidad y los sindicatos esperan ansiosos el documento que se ha comprometido a presentar Zaplana, cerrar las puertas a las recomendaciones de las comunidades y los colectivos afectados es una nueva temeridad y revela escasa prudencia política. Ahora más que nunca, con las aportaciones de todos, se debe dibujar un sistema de protección por desempleo para los jornaleros que mantenga los derechos para todos y pula los defectos detectados en el modelo anterior al decretazo . De lo contrario, la huelga general será inevitable.