Filólogo

A estas alturas todos los políticos extremeños habrán tomado posesión de sus cargos, lo que nos libra de otra vergonzante subida de sueldos y de otra inconfesable retahíla de supercherías que la justifiquen. Antes de llegar ya tienen tomada la resolución; la última en decidir la subida de sueldos a los políticos, no a los funcionarios, ha sido la Diputación Provincial de Cáceres con argumentos tan contundentes como el de igualar los mismos con los de la Diputación de Badajoz y equiparar el de presidente con el de consejero y el de diputado con el de director general, algo que, como todos sabemos, había sido explicado pormenorizadamente en la campaña electoral a los habitantes de los pueblos pequeños, nutrientes de la institución, advirtiéndoles de que habría recortes para las bibliotecas, las casas de cultura y los caminos vecinales, por tan inevitable medida política.

Este es tiempo de argumentarios, esto es, tiempo de gestionar las mentiras en los asuntos públicos; pero el ciudadano, que paga los impuestos de los que vive el político, está hasta los colgantes de gentes que, perdiendo toda referencia ideológica comienzan a traicionar la confianza y los presupuestos doctrinales que les ha llevado a donde están, y viven de la truhanesca del pícaro: "A torcido o a derecho, nuestra casa hasta el techo", o sea, forrarse. No queda más remedio que perder la fe en esos falsos predicadores y caer en el lugar común de que todos son iguales.

La madurez democrática se mezcla con inevitables desencantos: el más grave de ellos es la recreación de la desigualdad y la utilización de la cosa pública como solución personal de por vida, práctica que le lleva a uno a preguntarse: ¿Se está fraguando en Extremadura un desequilibrio social donde los de arriba disfrutan sueldos propios de las autonomías poderosas y los de abajo padecen los sueldos propios de las autonomías pobres?