WSw e equivocan quienes desde la derecha montaraz apuestan por presentar el sumario abierto en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón sobre una retahíla de casos de corrupción que afectan directamente al Partido Popular como un pulso entre el juez, que según esa tesis actuaría teledirigido desde el Gobierno, y el primer grupo de la oposición. Y yerran también porque el intento de montar una nueva teoría de la conspiración, muy oportuna por la inminencia de las elecciones gallegas y vascas, se caerá pronto por su peso, según señalan todos los indicios conocidos acerca de la instrucción.

La coincidencia de fechas de las decisiones judiciales con los procesos electorales en esas dos comunidades autónomas es ahora esgrimido desde el PP como la prueba irrefutable de que existe una actitud concertada entre el Gobierno y el juez. El lamentable episodio de la cacería a la que asistieron Garzón y el ya exministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sirvió para mantener en pie tan inquietante tesis. Pero el mismo día en el que la dirección del PP presentaba una querella contra el juez, por la que solicitaba que se le inhabilitara para los próximos 20 años, éste imputaba nada menos que al tesorero del PP, el senador Luis Bárcenas, el hombre que maneja el dinero en el partido.

A partir de esta imputación, el caso adquiría un nuevo perfil, pues hasta ahora se habían encontrado pruebas contra un exconsejero de la Comunidad de Madrid, dos parlamentarios de esa autonomía, así como contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y otro parlamentario regional. Todo conduce, por tanto, a que el caso acabe en el Tribunal Supremo, al ser el órgano que le corresponde por el fuero más alto del senador. Y eso, que el caso pase al Supremo, es bueno para que la investigación quede al margen del juez supuestamente enemigo del PP y para que este partido haga frente a los hechos y no cree cortinas de humo. Porque hasta ahora, la respuesta de la dirección del PP a lo que está ocurriendo es insuficiente. Al resultar implicado el tesorero del partido, queda claro que la trama de corrupción investigada no se refiere solo a unos trapicheos entre empresarios sin escrúpulos y regidores o consejeros autonómicos presuntamente corruptos. Ahora estamos, según los indicios, ante algo mucho más grave: posibles prácticas dudosas de financiación del PP, una formación que siempre ha esgrimido contra los socialistas los episodios que, como el de Filesa, revelaban errores garrafales de financiación ilegal.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, que nombró a Bárcenas, está ya directamente implicado en el caso. Su responsabilidad, después de tanta estrategia disuasoria, es aclarar lo ocurrido y explicar a la sociedad, cuanto antes, por qué el tesorero de su partido es citado en una conversación telefónica como receptor de grande sumas de dinero.