Alentadas por la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, que otorga a una familia de Huelva el derecho a la objeción de conciencia ante Educación para la Ciudadanía (EpC), 40 familias de la región ya han anunciado que plantearán un recurso, primero ante la Junta y después ante los tribunales (la Junta, es seguro, no atenderá su petición) para que el Tribunal Superior extremeño haga un pronunciamiento sobre esta cuestión, igual que lo han hecho ya los tribunales superiores de Asturias y Cataluña en sentido contrario al andaluz, es decir, que no hay derecho a objetar por esta asignatura.
Al socaire de la sentencia andaluza --y lógicamente obviando la asturiana y la catalana-- la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con una conducta más propia de un forofo que de una responsable que entre sus obligaciones está la de hacer cumplir las leyes, ha animado a los madrileños a que también objeten. Es una deriva peligrosa que convendría aclarar cuanto antes. En este sentido, el Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional con capacidad para sentar jurisprudencia (los tribunales superior sientan una jurisprudencia ´menor´) debería pronunciarse cuanto antes sobre este espinoso asunto. Y mientras llega, lo que cabe es pedir sosiego.
