Se habla estos días de reformas fiscales. Zapatero anunció que suprimirá el impuesto sobre el patrimonio si gana las elecciones. Argumenta que se ha convertido en un impuesto que recae sobre las clases medias, pero no sobre las altas, que encuentran "fáciles mecanismos de evasión". ¿Y quién dio a las clases altas los "fáciles mecanismos de evasión"? La respuesta está clara: los mismos políticos que han ido concediendo ventajas fiscales a aquellos que ocultan su patrimonio bajo unas acciones a las que la legislación ha otorgado la exención del impuesto. Una cosa es proteger a las empresas familiares y otra es permitir que quien tenga el 5% de una sociedad que solo gestiona un patrimonio inmobiliario deje de tributar. ¿Quién ha hecho estas modificaciones del impuesto y ha dejado únicamente como paganas --como siempre-- a las clases medias? Suprimir el impuesto no conseguirá una mayor justicia contributiva, sino al contrario. Lo que hace falta es reformar el impuesto a fin de que vuelva a ser progresivo, y dar así sentido a los principios del artículo 31 de la Constitución: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad". La misma argumentación sirve para el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ya que las bonificaciones fiscales son similares. El sistema fiscal verá disminuir el peso de la imposición directa, lo cual implica que gana peso la indirecta. Además, la eliminación de estos tributos --traspasados a las autonomías-- va en contra del principio de corresponsabilidad fiscal.
Javier Martínez Gil **
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