La alcaldesa de Plasencia, Elia Blanco, ha accedido a las reclamaciones del PP y de la concejala de Upex de suspender el pleno extraordinario que se había previsto para hoy y que se había convocado para elegir un representante del consistorio en la Asamblea General de la Caja de Extremadura.
La decisión de Blanco es la que cabía tomar. No solo porque el nuevo plazo para elegir consejeros de la entidad, que ahora termina el 8 de julio, ya da la posibilidad de que ese asunto se trate en el próximo pleno ordinario, sino porque la sesión extraordinaria se había convocado para corregir el error cometido en el pleno anterior, en que se designó al edil Francisco Martín para que representara al municipio en la entidad, y que no cumplía los requisitos formales para ser elegido puesto que es incompatible con las normas de la misma. Si a ese hecho --imputable a los componentes del Pleno-- se añade que la designación del concejal García Pintor fue polémica porque se empleó como escaramuza en la guerra de guerrillas entre el PSOE y el PP placentinos y que la sesión habría de costar a las arcas municipales 3.000 euros, la decisión de suspenderla es, sin duda, la más sensata para evitar la polémica ciudadana que esa sesión estaba suscitando. Y es que los responsables políticos tienen que ser, en las circunstancias actuales de grave crisis económica y con centenares de familias sin trabajo, especialmente cuidadosos en el manejo de los fondos públicos. Lo ocurrido en Plasencia es un ejemplo de ello.
