Parece que la promesa ministerial de amplias oposiciones docentes en todas las comunidades, ha pasado la frontera de lo futurible a realidad inminente, por lo que aquello que antes sonaba como unos tambores lejanos, no sólo se han acercado, sino que además vienen acompañados de más instrumentos.
Esto son cambios que deben acontecer a la mayor brevedad para poder ser conocidos por todos aquellos que opten a la macro oferta de empleo público, tanto para el acceso a plaza, como para el ingreso, exclusión o posición en listas de espera.
Un tema tabú desde las transferencias educativas ha sido precisamente la coordinación entre comunidades a la hora de convocar cuerpos y especialidades cada año así como la gestión de las listas de esperas que ciertamente son de competencia autonómica.
Al tratarse de una convocatoria sin precedentes, tanto el ministerio en sus atribuciones, como las comunidades autónomas, acaban de «caer» en la cuenta --en cierto modo también por la amplia movilidad y pertenencia a distintas listas de sus oriundos-- de las enormes diferencias que existen en cuanto a requisitos, titulaciones, pruebas, exámenes, puntuaciones, méritos, etcétera, entre una comunidad y otra.
Por fin, la cordura obligada recomienda un calendario único y coordinado, que al parecer será de cinco años con tres convocatorias por cuerpo docente, para conseguir rebajar la tasa de interinidad al 8%.
Sin embargo, eso conllevaría ciertos daños colaterales en las distintas listas de espera, al no estar unificadas.
Por ello, existen tres cuestiones imperiosas de saber por parte del opositor.
La primera es el acceso según el real decreto 276/2007 que según el ministerio cumple los requisitos del acuerdo de estabilidad, pero si se quiere rebajar la tasa de interinidad quizás sería conveniente revisar alguna puntuación del concurso.
La segunda es el temario, que ante el escaso tiempo sería contraproducente variarlo.
La tercera, por último, los criterios de unificación de listas si los hubiera.
Todos los opositores tienen que conocer cuanto antes estos tres aspectos y es obligación ministerial coordinar las actuaciones necesarias para que así sea.
Así que ya pueden dejar de tocar el tambor y ponerse el mono de trabajo.
