La probable decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular parte de las escuchas telefónicas a los cabecillas del caso Gürtel no es una buena noticia para la lucha contra la corrupción. Aunque sea presentada por algunos como un triunfo del garantismo judicial, estamos más bien ante un tanto logrado por quienes no desean que se llegue a saber la verdad de este caso, que gira en torno a un doble eje: el enriquecimiento personal de una red de indeseables y --lo más trascendente-- la posible financiación ilegal del PP. Dos actividades complementarias que supusieron el trasvase ilegal de decenas de millones de euros del erario a manos privadas. De administraciones públicas gobernadas por el PP en la época de Aznar, para ser más precisos. Los jueces madrileños entienden que no debieron producirse las escuchas de las conversaciones que mantuvieron algunos encarcelados por el caso Gürtel y sus abogados. Las había ordenado Garzón, con lo que, adicionalmente, la trama corrupta y el entramado político y mediático que la arropa consiguen un hito más en la estrategia de arrinconamiento del juez. El fiscal general del Estado ha restado trascendencia a la anulación de las escuchas porque entiende que hay "material de sobra" para que la causa siga adelante. Es de esperar que sea así, pero es inevitable recordar que el caso Naseiro, otro grave asunto de corrupción, acabó en nada por un motivo formal similar. Y ayer el abogado de Matas ya insinuó que puede optar por el mismo método en el caso Palma Arena. Mal asunto.
