WEw l Gobierno español está decidido a reformar el sistema de tarifas eléctricas, un asunto pendiente y delicado que afecta a la economía de millones de familias. Solbes sabe que no se puede dilatar una situación que hace que la electricidad se pague por debajo de los costes reales de producción. Como tampoco es posible en el largo plazo que el recibo de la luz no suba de forma acompasada con el IPC. Ahora bien, aplicar a rajatabla esa premisa supondría elevar el recibo en un alto porcentaje. Algunos cálculos apuntan al 30%, lo que produciría un aumento de la inflación y dificultades para las familias con rentas bajas. Se impone, por tanto, una subida gradual y que no penalice a los abonados económicamente más débiles. La idea de una tarifa social, que favoreciera a quienes menos consumen parece razonable y acorde con otras políticas de corte socialdemócrata que pretenden aplicarse. En cualquier caso, el Gobierno tiene un difícil toro que lidiar. Pero sería dramático que se mantuviera el actual sistema tarifario que esconde precios ficticios y que hace que las principales compañías de electricidad hayan ralentizado sus inversiones hasta poner en peligro la correcta distribución de la electricidad sin que se produzcan los temidos apagones. Algo que, por otra parte, contrasta con los dividendos que las compañías dan a sus accionistas en medio de una guerra de opas sin precedentes. El régimen de tarifas que se anuncia sería, por lo demás, una excelente oportunidad para incentivar medidas de ahorro de energía, como la promoción del consumo nocturno para electrodomésticos o la extensión de una cultura que castigara el despilfarro.
