Las instituciones del Estado reaccionaron ayer al acto de desobediencia que protagonizaron el Parlament y la Generalitat al aprobar la ley del referéndum y firmar el decreto de convocatoria de la consulta del 1-O, ilegal según el ordenamiento constitucional. El Tribunal Constitucional (TC) suspendió la ley del referéndum, el decreto de convocatoria y el nombramiento de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral. En el ámbito político, Mariano Rajoy exhibió unidad junto a Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (C’s), y dijo estar dispuesto a usar todas las herramientas jurídicas a su alcance para impedir el referéndum. Rajoy advirtió de que, de celebrarse, el 1-O supondría el fin del autogobierno de Cataluña.

Después de años dejando en manos de la justicia la gestión del conflicto político catalán, no sorprende la decisión de Rajoy de trasladar el problema al TC. El presidente del Gobierno y el bloque independentista están enfrascados en pulso por la legitimidad y la legalidad de la consulta, pero con un ojo puesto en lo que va a suceder a partir del 2-O, así que no es de extrañar que desde la Moncloa se esfuercen en mostrar contención. En cambio, aunque solo sea por comparación, la rauxa parece haberse instalado en el bloque independentista después de dos sesiones tumultuosas en el Parlament.

Ayer, en el hemiciclo volvió a vivirse una jornada bochornosa a cuenta de la ley de transitoriedad. La oposición de nuevo maniobró para intentar evitar la votación, pero se encontró con el frontón de la mayoría de Junts pel Sí y la CUP, con la imprescindible asistencia de la presidenta de la cámara, Carme Forcadell. Estos dos últimos días, la presidenta ha protagonizado una impresentable dejación de su responsabilidad de ser la presidenta de todos los diputados en un ejercicio que es el mejor ejemplo de la caricatura en que la mayoría independentista ha convertido la cámara catalana. Si lo visto estos días de verdad fuera el nacimiento de una nueva República, sobran los motivos para dudar de su calidad democrática.

No es aventurado afirmar que incluso entre las filas soberanistas a muchos lo vivido esta semana en el Parlament les ha avergonzado. Perdida de saque la batalla legal, el independentismo también pierde enteros en el de la legitimidad. Es el precio de ignorar a la mitad de los catalanes.