En una multa sin precedentes en el mercado de las telecomunicaciones, la Comisión Europea ha sancionado a la multinacional española Telefónica con casi 151 millones de euros por una supuesta actuación de abuso de posición dominante.

En síntesis, para hacer comprensibles las razones del castigo, el organismo de gobierno de Europa, a denuncia de otra multinacional, en este caso francesa, Wanadoo, entiende que Telefónica ha abusado del precio que cobra a sus competidores por el alquiler de sus instalaciones de banda ancha para el servicio de internet. Ocurre que las tarifas aplicadas por Telefónica han sido aprobadas siempre por los organismos reguladores españoles. Sin embargo, la Comisión Europea sanciona a la empresa española por el hecho de que aún habiendo cumplido con la legalidad podría, a iniciativa propia, pero sin obligación, haber rebajado el precio de sus tarifas.

Esto crea una inseguridad jurídica sin precedentes porque establece que cumplir la ley no es suficiente para evitar sanciones. No tiene empacho la UE en decir que pretende que esta multa sea ejemplarizadora para que en el futuro las demás empresas trabajen a la baja.

Un dislate de estas características tiene posibilidades de recurso. Pero quizá lo que más importe no sea la cuantía económica de la sanción, sino lo que revela de nuestra debilidad política en Europa como país. No es imaginable que una denuncia de una empresa española hubiera recibido un apoyo como el que ha conseguido la empresa denunciante francesa.

Ocurre esto en un momento en que Telefónica lleva por delante a sus competidores en su instalación en Europa, en donde quedan importantes operaciones que realizar en un marco globalizado en que las empresas compiten con mucha dureza.

Es de esperar que el Gobierno español tenga un comportamiento similar con el que tuvo con Gas Natural en su batalla por Endesa. Nosotros ya tenemos un campeón en las telecomunicaciones. Ahora hace falta que el presidente Zapatero lo defienda.

*Periodista