Dos hermanos marroquís se suicidaron el pasado sábado haciendo explotar el cinturón de explosivos que portaban ante el consulado general de Estados Unidos en Casablanca, al que no pudieron acceder por la fuerte vigilancia policial. El pasado día 10 de abril, otros tres jóvenes kamikazes hicieron lo propio en otro barrio de esa ciudad magrebí y un cuarto fue abatido a tiros por la policía. Hace un mes, otro islamista hizo estallar su carga en un cibercafé de la misma Casablanca. El pasado día 11, la explosión de varios coches bomba causó 33 muertos y decenas de heridos en Argel; en este caso el ataque fue reivindicado por Al Qaeda.

Este rebrote de la violencia ocurre en la fronterasur de Europa, la que se encarga de guardar España, con solo el Estrecho de Gibraltar entre medio. Violencia de la que son responsables elementos radicales del islam, correligionarios de aquellos que protagonizaron los sangrientos ataques del 11 de marzo del 2004 en Madrid y que segaron la vida de casi doscientas personas e hirieron a cientos de ciudadanos. Antes, y sobre todo después de aquel fatídico día, la policía española ha desmantelado decenas de células formadas en nuestro país por infiltrados marroquís y argelinos, dedicadas en buena parte a enviar terroristas a Irak y a proporcionar apoyo económico y logístico al yihad de Osama Bin Laden. Analistas británicos han vaticinado un recrudecimiento del terrorismo en los próximos años.

Ante este sombrío panorama, la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de le Vega resumido con esta frase la semana pasada la actitud de nuestro Gobierno: "Alarmismo, no; realismo, sí; miedo, nada; precauciones, todas". Y el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha invitado al presidente argelino Buteflika a formar un frente magrebí contra el terrorismo, conscientes de que el objetivo de Al Qaeda es desestabilizar a sus países y después a Túnez y Mauritania, lo que implica una amenaza a nuestro país y al resto del sur del continente europeo.

La cooperación policial entre los países que forman el Magreb, y entre estos y España, resulta esencial para los intereses españoles. Para que sea posible, es preciso que Argelia y Marruecos superen sus contenciosos pendientes, que duran ya demasiados años, y que estos países reciban ayuda policial, y también económica, aquellos que más la necesiten.

Los enviados especiales de este periódico a Casablanca han descrito las espantosas condiciones de vida en los barrios de donde procedían los terroristas, con familias que viven hacinadas y al borde de la miseria, con muy pocas perspectivas de encontrar un empleo. Y aunque el fanatismo religioso y político arraiga también entre profesionales y clases acomodadas árabes, resulta más fácil y barato reclutar suicidas entre los más miserables, grupo que en esos países africanos son por desgracia mayoría.