Los sindicatos de enseñanza han puesto el grito en el cielo porque temen que la Consejería de Educación meta la tijera y reduzca gastos en asuntos tan importantes como el material escolar y la contratación de interinos para sustituciones y, al mismo tiempo y obligada por el ajuste, aumente el número de alumnos por aula. De momento, ya ha ordenado a los centros que se aprieten el cinturón.

El temor de los sindicatos es fundado, sobre todo porque la consejería no ha desmentido la información --no contestó a los requerimientos de este periódico para que aclarase la situación-- y porque ese silencio les hace dudar de los compromisos públicos de los responsables de la Junta en el sentido de que la educación, como la sanidad, escaparían del plan de ajuste. El último de esos compromisos tuvo lugar el pasado miércoles, cuando la consejera Eva María Pérez aseguró que la futura Ley de Educación de Extremadura iría acompañada de una memoria económica "ambiciosa", lo cual daba a entender que ni ahora ni cuando entre en vigor va a resentirse el programa de inversiones en el sistema educativo.

Conviene aclarar las cosas. Si la Junta ha decidido que la educación también se vea afectada por el plan de ahorro es necesario hablarlo y argumentarlo. Lo contrario es crear una desconfianza y un malestar que no conviene a nadie.