El pasado 5 de mayo tuvo lugar la primera movilización general de la enseñanza concertada de Extremadura desde que fueron transferidas las competencias educativas en el año 2000. Al hilo del asunto, los sindicatos CSIF y PIDE se han manifestado en los términos siguientes: "Solicitamos a la Consejería de Educación que sea valiente e inicie decididamente la supresión de los conciertos educativos y la creación de los centros públicos necesarios que lo posibilite. Y en eso estamos", (José Manuel Chapado , presidente de PIDE); "Creo que lo prudente y sensato en estos momentos es mantener el equilibrio existente entre ambas redes en Extremadura y no buscar la confrontación, puesto que la Educación debe estar por encima de intereses de otro tipo", (Adrián Vivas , presidente Autonómico de CSIF enseñanza). La base de partida de los argumentos de los dos es el incremento de la financiación de la red concertada de Extremadura y la supresión de unidades públicas que tiene previstas realizar la Consejería.

Con respecto a la financiación, afirmamos que el incremento viene de la mano de la aplicación estricta de la LOE (2006), que estableció la concertación del segundo ciclo de la Educación Infantil en cinco años desde su entrada en vigor. Ahí está el incremento, porque los docentes de la concertada hemos perdido cuatro puntos en homologación retributiva en dicho periodo: del 92% en 1999 hemos pasado al 88% en 2010 en el caso de maestro sin antigüedad; y del 81% al 77% cuando la antigüedad del maestro es de 30 años.

XLA CUESTIONx de las supresiones también tiene que ver con la LOE: "Las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos" (artículo 109.3). Es lo que demandamos a la Consejería: "que justifique la negativa de ampliar los conciertos de CFGM, la supresión de unidades, la negación de profesorado de apoyo para atender al alumnado con necesidades especiales, etcétera, sobre la base de aplicación de la ley". En cuanto a pedir paridad en la supresión de unidades, tenemos que tener en cuenta la realidad de los centros concertados en Extremadura. De los 66 colegios concertados de enseñanzas generales (Infantil, Primaria, ESO-) 42 de ellos están situados en 19 localidades de la provincia de Badajoz, y 24 centros lo están 9 localidades de la provincia de Cáceres. De las 28 localidades de Extremadura con estos centros, 19 de ellas cuentan con sólo un centro concertado y en 9 localidades hay más de uno concertado (Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia suman 37 de los 66 centros). Ninguna localidad desde las transferencias (2000) cuenta con centro concertado que no tuviera; al contrario en algunas hay menos (Mérida, Badajoz). También están concertados 11 centros de atención a personas con discapacidad que están ubicados en 10 localidades de la provincia de Badajoz. Como son 385 los municipios de Extremadura debemos poner en su justo valor la comparación sobre supresiones previstas, tanto por ciudades y centros como por zonas donde baja la natalidad. También deberían utilizar el valor relativo quienes al comparar la matriculación de inmigrantes en centros concertados informan que sólo el 9% lo está en ellos, pues no tienen en cuenta que la matriculación de la concertada es del 21%.

No se defiende la escuela concertada combatiendo la pública, ni se defiende la escuela pública combatiendo la concertada. Se trata de ofrecer calidad desde la una y desde la otra, asumiendo las mismas obligaciones, propiciando la inclusión educativa, acentuando la complementariedad, integrando a todo tipo de alumnado y aplicando los mismos criterios en la dotación de recursos, programas y eliminando las diferencias actuales en las condiciones laborales de quienes son unos de los agentes más importantes del proceso educativo: el profesorado; principios que seguramente comparte el sindicato CSIF Enseñanza Extremadura. Vivas deja la confrontación entre pública/concertada para quienes buscan rentabilidad electoral con discursos pre LODE y/o defienden el modelo de escuela única como mejor garantía de calidad del servicio público educativo. Hecho que nos congratula, pues ante un hipotético combate siempre son los trabajadores los que sufren las bajas y heridas.