TITULO VIII

Es casi seguro que gran parte del debate electoral de las próximas y numerosas elecciones, hasta las generales, se va a centrar en torno a la estructura del Estado, el poder emergente de las autonomías, el papel de las llamadas históricas, su representatividad, la reforma del Senado y el pulso con los nacionalistas, ya sean rupturistas como el PNV o evolucionistas pragmáticos como CiU. Veinticinco años después de la Constitución, éste debiera ser un debate superado, pero las cosas son como son, no como nos gustaría que fuesen. Tranquiliza poco a la opinión pública en muchas latitudes de nuestro país que esta cuestión forme parte del debate electoral. Sin embargo, la alarma no debe extenderse entre el electorado, al menos en estos momentos. Aunque el futuro a medio plazo pudiera parecer incierto, probablemente no lo sea si se respeta lo que se dice respetar: el espíritu de la Constitución y en particular el Título VIII de la misma. Oponerse tercamente a ciertas reformas como la del Senado, carece de lógica porque está implícita en la Constitución y favorece la unidad de España. De igual manera que una conferencia sectorial de presidentes de autonomías tampoco debe suponer ningún problema, siempre que quede claro que el Gobierno en esta conferencia no es un primus inter pares .

La clave de la unidad de España estriba en otras cuestiones. Es elemental que mejor sentirla que imponerla, y esto está relacionado con la enseñanza y con la cultura ciudadana, cuyo fomento y desarrollo dependen tanto del Gobierno como de las comunidades, que deben mimar este aspecto convivencial básico que representa la unidad y pluralidad de España.

En todo caso, los elementos básicos constitucionales son nuestros garantes de unidad. El apartado 2 del artículo 1.º de la Constitución dice: "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado". Es decir, la última palabra de lo que pueda hacer cualquier territorio no reside en sus habitantes sino en la totalidad del pueblo español. En el artículo 2 se añade: "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles" luego sólo hay una Nación española aunque igualmente se garantice el derecho a la "autonomía de nacionalidades y regiones".

Y después viene el título VIII, el que la mayoría de los políticos sensatos manifiestan que es intocable, y en efecto lo debe ser. Constituye este título una carta magistral sobre la organización territorial. "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las autonomías que se constituyan". Los diferentes estatutos "no implicaran en ningún caso privilegios económicos o sociales". "Todos los españoles tienen los mismos derechos en cualquier parte del territorio".

La dinámica política e incluso histórica no ha sido óbice, para dar estabilidad a las estructuras territoriales de los países occidentales más avanzados, compartiendo proyectos tan vitales como la UE. A pesar de nuestras peculiaridades, que las hay, existen muchas más coincidencias, y todo nos obliga a cerrar este debate en el que las energías gastadas pueden acabar resultando excesivas. Santillana puede ser una magnífica ocasión. Todo es posible con buena voluntad.