El sector ganadero del norte de Extremadura afronta desde hace meses una crisis sin precedentes desde el punto de vista de la sanidad animal. Cuarenta mil reses permanecen inmovilizadas en más de 1.500 fincas debido a un brote de brucelosis que no termina de erradicarse. Ante la gravedad del problema, hay que partir de la base de que nadie tiene la culpa directa de esta desgracia de la naturaleza. Hasta la fecha, las campañas sanitarias de la Junta han demostrado ser efectivas y el manejo del ganado por parte de los profesionales del campo se ha realizado de una forma mayoritariamente responsable. Pero algo ha fallado en esta ocasión. Hay que asumirlo.
Lo importante ahora no es entrar en una guerra absurda, sino sumar voluntades para resolver la crisis. La decisión del Gobierno autonómico de inmovilizar la reses de las zonas afectadas parece congruente por el bien de ganaderos y consumidores. La petición de ciertas organizaciones agrarias de flexibilizar las restricciones no es prudente en estos momentos y todos los informes técnicos lo avalan. Los únicos flecos pendientes, por tanto, son incrementar las ayudas económicas para los ganaderos --el ministerio debería complementar las ya aprobadas por la consejería-- y potenciar los controles sanitarios en las fincas. Eliminar la brucelosis debe ser ahora una prioridad para todos.
